Por Horacio Villegas
Las Reformas Electoras son un asunto consumado en el debate de los hemiciclos del Congreso Nacional. Luego de proponer la creación de dos nuevos organismos electorales: Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), las bancadas de los partidos tradicionales esperan ansiosos por el festín que supone la repartición de puestos en estas dos instancias.
Las grietas que presenta el sistema eleccionario del país, siguen latentes, y la Oposición representada en el Congreso Nacional, no piensa enmendar un sistema electoral que les favorece sus intenciones de lanzar viejas candidaturas para una futura reelección presidencial, como es el caso del vaquero Zelaya. Los diputados de la Oposición no reniegan del viejo Tribunal Supremo Electoral a ultranza, ni de las reformas abanderadas por el partido de gobierno entorno a reformar artículos pétreos de la constitución.
Tal parece que nos encontramos en una nueva faceta luego de la crisis post-electoral, en donde las intempestivas contra el gobierno ya no forman parte de la agenda de los partidos opositores, sino que se invoca la salida del gobierno hasta el 2021. Las convocatorias a seguir con los métodos de lucha en las calles, mutaron en una burda resistencia personal que confía ciegamente en las resoluciones de un Congreso Nacional en su mayoría cachureco.
El pasado 20 de marzo, se llevó a cabo un foro con expertos internacionales sobre el tema electoral en América Latina, y ciertos representantes de la sociedad civil vertieron opiniones al respecto: como la “desconcentración” de los órganos electorales, que supone en este caso, distribuir las decisiones en dos órganos independientes. Otra de las peticiones de los representantes de la sociedad civil, es desplazar a los personajes afines a los partidos políticos. Esta sugerencia peca de ingenuidad, pues las personas que recurren a los asuntos públicos asoman sus narices a preferencias políticas, por lo tanto, la vieja recurrencia de abogar por personajes apolíticos se cae por su propio peso.
“El evento fue patrocinado por la no gubernamental Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), de cara a la integración del nuevo Tribunal Electoral y Consejo Nacional Electoral, las dos entidades que sustituyeron al anterior Tribunal Supremo Electoral (TSE)… Como la elección de los nuevos magistrados de estos dos organismos y del RNP está previsto para mayo de este año, los expertos recomendaron al Congreso no interferir en el nombramiento y dejar las propuestas a la sociedad civil (La Tribuna, 20 de marzo de 2019).”
Los supuestos representantes de la sociedad civil siguen los mismos patrones de ciertas ONGs: no se precipitan a combatir propuestas infames como la creación de más burocracia, maquinaria que será dirigida por los partidos tradicionales, sino que intentan conducir las aberraciones ya creadas, dándole un cariz más aceptable a estos engendros surgidos por el puro interés partidario. Quieren enderezar troncos que nacieron torcidos. A nuestro parecer, las reformas electorales suponen un pretexto del partido nacional y los demás partidos representados en el Congreso, para seguir controlando plenamente el órgano encargado del tema electoral; la prohibición de la reelección, y el acabose del financiamiento ilícito de campañas sigue siendo un asunto intocable para los congresistas.
Los pastores evangélicos insisten en conseguir cargos de elección popular
Los pastores evangélicos, quienes han ocupado el terreno político en varios países de América Latina –como el caso de Brasil, en donde se promovió la figura del fascista Bolsonaro, quien hoy es presidente–, pretenden enquistarse en el Estado para que de allí surjan propuestas patéticas que tienen que ver con asuntos religiosos. El fenómeno Bolsonaro, que está desatándose en Brasil, apunta a que los pastores religiosos abanderan políticas nefastas ligadas al neoliberalismo; visibles en la privatización de empresas; la pérdida de derechos conquistados por la clase obrera brasileña; el fomento del racismo desde el Estado; la discriminación de pueblos indígenas, y grupos de diversidad. La participación de estos “empresarios de la religión”, supondría el ascenso de la extrema derecha y un nuevo ciclo de retrocesos en la conquista de derechos sociales.
En Honduras, los pastores evangélicos han fomentado desde sus iglesias, el odio frontal hacia los grupos representantes de la diversidad; e inclusive las charlas hacia sus incautos creyentes, reiteran el afán por el enriquecimiento individual, por conseguir a costa de lo que sea, una vida ostentosa como la de los líderes religiosos que ya la poseen. No son un referente moral. Pues son varios los delincuentes que en nombre de una religión desfalcan a miles de familias hondureñas, a tal punto de convertirse en ricos de la noche a la mañana.
El artículo 77 de la constitución de 1982 reza lo siguiente: “se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones y cultos sin preeminencia alguna, siempre que no contravengan las leyes y el orden público.” El pacto liberal del 82 define un cierto distanciamiento de las religiones en las decisiones del Estado, pese a que la iglesia católica fuera la principal institución inmiscuida en estos asuntos en la Colonia –pues en ella recaían varias decisiones–, y en los años subsiguientes de la mismísima República.
En el actual gobierno de la dictadura nacionalista, son varios los pastores evangélicos que forman parte de este equipo de corruptos –Ebal Díaz es el caso. Pareciera que estos líderes religiosos buscan más situaciones ventajosas para su enriquecimiento personal, y un buen incentivo como la evasión fiscal de sus iglesias. El punto es que sería desastroso que estos impostores dueños de las ofrendas de familias pobres y luchadoras, llegaran a convertirse en candidatos de elección popular.
