Por Emilio Molina

Tanto la prensa oficial como la llamada prensa alternativa, cruzaron opiniones respecto al tema de las recién aprobadas Reformas Electorales; unos, ovacionaron la iniciativa del partido Libertad y Refundación en dirigir el tema en el hemiciclo legislativo; y los otros, condenaron el papel de una Oposición que, incoherentemente, convocaba a una jornada de protestas a nivel nacional ―con comandos insurreccionales no violentos―, mientras días atrás pactaba con el partido de gobierno unas cuestionadas reformas electorales.

La segunda vuelta electoral, el voto electrónico, y la prohibición definitiva de la reelección no fueron temas centrales en esta sesión del Congreso Nacional. Por su parte, la agrupación de empresarios del COHEP, liderada por Juan Carlos Sikaffi, en franca aceptación del resultado de esta superficial reforma, se sintieron complacidos con los acuerdos pactados por los tres partidos mayoritarios en el Congreso: el Partido Nacional, Libertad y Refundación, y el Partido Liberal; y declararon que los 112 diputados del Congreso Nacional que votaron a favor de estas reformas, tienen una bien pronunciada “madurez política” por haber llegado a tales acuerdos. Estos menudos y bien sonados acuerdos, se simplifican en la creación de más dependencias burocráticas: el Tribunal de Justicia Electoral y el Consejo Nacional Electoral; que suponen en el fondo una jugosa repartición de cargos de la institución encargada del tema de elecciones.

Las opiniones en general fueron más contrarias que favorables al darse por finalizado el supuesto debate sobre las reformas electorales: entre ellos personajes como el padre Melo calificó de ser “cachurecos” a los diputados de Libertad y Refundación que traicionaron la voluntad de sus votantes al ceder sin mayores obstáculos a los intereses de la dictadura nacionalista, que busca suplantar el tema de la reelección con propuestas raquíticas e insuficientes, por no decir banales.

La expresión “Fuera Joh”, que tanto llegó a formar parte de las consignas de la lucha popular en la crisis electoral del 2017, es interpretada por el vetusto diputado de Libre, Juan Barahona, como una frase llena de contenido político. Es cierto que aquella expresión llenó de bravura e impulsos a todos los jóvenes que nos batimos en las calles en contra del ejército y la policía mientras se gestaba el fraude electoral; pero la expresión hoy tendría que ser más abarcadora y arrastrar bajo su fuerte contenido (¡), a los diputados de la Oposición que traicionaron con crudo cinismo al pueblo hondureño al ceder sus votos como congresistas al Partido Nacional.

La dictadura nacionalista se respalda en el Congreso Nacional

Los miembros de la Oposición prometieron, al ser virtuales ganadores de cargos de elección popular en el Congreso ―tomando con frescura sus credenciales de diputados―, que le harían oposición frontal a las propuestas de una bancada mayoritaria que coronaba un fraude electoral y a un dictador. La retórica en ese entonces era la del: “acompáñennos en el Congreso para seguir luchando contra la dictadura”. Libertad y Refundación dejó claro en ese entonces el panorama más o menos predecible: la sórdida negociación antes que una verdadera insurrección popular en contra del gobierno cachureco.

Recientemente se convocó a la reactivación de “comandos insurreccionales” que surgirían en un momento difuso por el retroceso de la lucha en relación a los últimos meses del 2017; lo que para muchos resultaría en una pésima maniobra de la Oposición dadas las condiciones absurdas: por un lado, la conciliación en el Congreso por el tema de las Reformas Electorales, y por el otro, la cuestionable organización de la “insurrección pacífica” abanderada por Libre, que no consiguió el acompañamiento popular suficiente.

En el mes de diciembre del año 2018 el Gobierno de Joh aprobó un escandaloso acuerdo que vendría a promover aún más la impunidad que reina en este país. El Acuerdo No. 842-2018, que consiste en blindar la información que contiene la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas; éste se sustenta en el Artículo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que reza lo siguiente:

“La Clasificación de la Información Pública como Reservada procede cuando el daño que puede producirse, es mayor que el interés público de conocer la misma o cuando la divulgación de la información ponga en riesgo o perjudique: 1.- “La seguridad del Estado…” (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 30 de diciembre de 2006, p. 12).

Basados en esta clasificación de la información pública como “Reservada”, los promotores de este acuerdo ―el gobierno nacionalista a través de la secretaría de Finanzas, al mando de Rocío Tábora― sacan del ámbito del conocimiento público 12 puntos referidos a información relacionada con nombres de funcionarios encargados de ventas y compras de inmuebles gubernamentales, movimientos bancarios, presupuestos asignados a Defensa y Seguridad, entre otros asuntos de vital importancia:

“1. Nombres de los integrantes de las comisiones de avalúos de compra y venta de Bienes Inmuebles de Gobierno; 2. Saldos y movimientos bancarios y en libros de las cuentas manejadas por la Tesorería General de la República; 3. Transferencias a los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) para pagos que garanticen Seguridad del Estado y la Soberanía Nacional; 5. Pagos que se realizan a través del Sistema SIAFI en lo relativo a: a) Sueldos, en lo concerniente al nombre del empleado; y, b) Deducciones personales; 6. Todo lo relacionado a órdenes judiciales de embargos sobre el sueldo de empleados públicos, excluyéndose de esta reserva los embargos sobre pagos a proveedores del Estado por tratarse de fondos de carácter público, salvo en el expediente judicial correspondiente se haya declarado secretividad o reserva; 10. Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones Descentralizadas, en tanto el mismo no haya sido enviado oficialmente al Congreso Nacional de la República para su aprobación…” (Acuerdo No. 842-2018, Diario Oficial La Gaceta, publicado el 8 de enero de 2019, p. 4).

¿Por qué una gran mayoría de diputados también mira favorable este acuerdo que en lo general vuelve un asunto hermético la rendición de cuentas, la transferencia de fondos a la “seguridad del Estado”, y la discreción en presupuestos asignados a las instituciones? Una especie de colaboracionismo y silencio se apoderó de los curules de los “representantes” del pueblo. Era de esperarse, desde luego, la condescendencia de los corruptibles diputados nacionalistas, quienes tienen la soga en el cuello por otros escándalos de corrupción como el “Caso Pandora” y el primer “Pacto de Impunidad”, pero los diputados de la Oposición también han demostrado formar parte de las movidas sucias que tiene este gobierno. La conclusión es simple: las tres bancadas mayoritarias en el Congreso Nacional ―sino todas― no poseen en sus filas a honestos y limpios diputados que no hayan frecuentado una “tranza” o una jugada maltrecha; por lo tanto “blindarse” ellos y su gente cercana, ante escenarios de investigaciones relacionadas a la corrupción, es el amén de todos los inmundos honorables de la impunidad.

No tenemos Oposición en el Congreso Nacional

El Fraude Electoral del 2017 definió una situación sumamente incómoda para los sectores en lucha. Aquello tenía que ver con la composición del Congreso Nacional, ya que las candidaturas de la Oposición representaban la segunda fuerza en este poder legislativo, lo que llevó a los candidatos opositores a una encrucijada: aceptar las credenciales de diputados, o deslegitimar a la dictadura rechazando puestos que le darían equilibrio a una democracia ya de por sí mutilada por el fallo de la Corte Suprema de ¿Justicia? a favor de la reelección de JOH.

La primera opción fue decidida sin mayores obstáculos o deliberaciones, y aquellos diputados “combativos”, que juraron acabar con la dictadura, ahora aceptaban ser los garantes del equilibrio de poderes, para hacerle oposición al gobierno desde sus cómodos asientos y sus recios salarios de funcionarios públicos. Los días, meses, y el primer año pasaron sin mayores sobresaltos, sólo asombros de parte de la población por el aumento de salarios que se concedieron estos sagaces luchadores populares. Y el acabose de todo esto fue la doble traición que recibimos: el descomunal incremento salarial “necesario”, según ellos, y la aprobación de los Fondos de Desarrollo Departamental, una jugarreta bien armada que nos cuesta más dinero público (¿quizá sean estímulos para que sigan luchando?).

El poder legislativo, que tiene como sede el Palacio Legislativo, es decir, el Congreso Nacional, que está compuesto por 128 diputados de 7 Partidos, que representan los 18 departamentos del país, entre los cuales resaltan los tres partidos mayoritarios: Partido Nacional, Partido Liberal y Libre; en este Palacio ―así lo entienden sus mayores defensores―, se legisla para crear, reformar y promover leyes que preconicen un presente favorable para los hondureños. Las decisiones dadas en este poder han marcado y siguen marcando la historia reciente de nuestro país: allí llegan propuestas de proyectos energéticos, propuestas de privatización o rescate de instituciones, y presupuestos asignados a cada dependencia del Estado. Allí se cocinan mociones desérticas y fuera de lugar como declaraciones de platillos nacionales, y se aprueban concesiones siniestras del territorio nacional a proyectos extractivos. La dictadura tiene cooptados los tres poderes del Estado, y el único contrapeso prometido al pueblo ha cedido en colaborar junto al Partido Nacional en la reforma y gobernanza, codo a codo, de instituciones como el Registro Nacional de las Personas (RNP). ¿Esperaremos más colaboraciones de este tipo?

La “Oposición Legislativa” a la dictadura ha claudicado, a todas luces, a los planes cachurecos al negociar el manejo y reparto de las instituciones como el RNP y consensuar reformas electorales sin sentido alguno; pese a que nuestros diputados luzcan bufandas y carteles que se esmeran en decir unas cuentas verdades al partido de gobierno, no se cambiará de esta forma llamativa, la compleja situación en la que nos encontramos. La normalidad legislativa camina paso a paso, ocultando viejas rencillas entre los partidos, y cultivando más el diálogo y consensos amistosos, aunque la crisis electoral haya devorado más de 30 vidas.

Al pueblo hondureño sólo le queda por delante y como alternativa única la auto-organización y el replanteamiento de la lucha contra la dictadura. Al no tener oposiciones reales dentro del esquema partidario que promueve a Libertad y Refundación en el Congreso Nacional ―en el juego democrático burgués que “permite” las alianzas partidarias y las colaboraciones más infames―, es más que necesario aferrarse a la idea de que no existen programas conjuntos que involucren a los perpetradores de la dictadura y a los partidos de Oposición. Los partidos tradicionales llevan tras de sí la impunidad, el irrespeto a la voluntad popular, la subordinación al imperialismo estadunidense y las confabulaciones para defender los intereses de corruptos y empresarios. Con el peso de esta tradición que los recubre, será difícil redimirlos a un verdadero planteamiento que tome las verdaderas exigencias de movimientos sociales, trabajadores, estudiantes, y demás clases oprimidas y pauperizadas de este país.


Por Bayardo Diaz Aguilar

Hay una palabra clave quizás para lograr comprender lo que ocurre en Honduras, y es el termino crisis a nuestra manera de tratar de entender dicho fenómeno, la sociedad hondureña hay crisis en todo es generalizada, crisis económica, crisis social y política, crisis ideológica, crisis cultural, crisis ambiental y ecológica y la crisis humanitaria que es la mas grave de todas. La mayor parte de los hondureños no cree en las instituciones, lo que ha generado enorme desconfianza en la institucionalidad.

Desde el golpe de Estado del año 2009 Honduras vive una ruptura de las instituciones del Estado, y esas heridas no han cerrado se encuentran aún abiertas. El mismo acontecimiento de no haber revertido el golpe de Estado se han pagado con el precio mas alto. También en el escenario político, nació un nuevo sujeto político llamado Frente de Resistencia Popular (F.R.P) para luchar en contra del Golpe de Estado, para una lucha política, capacitación política, organización y movilización, esos los tres ejes en los que fundamentaban la ideología del Frente, luego empezamos haber que se iba abandonando estos principios.

Con Zelaya en el exilio, muchos dirigentes del Frente su discurso no estaba dirigido a la lucha popular, sino que más bien, que Mel regresara a Honduras, y de a poco se fue abandonando la lucha de calle y formación política, de tal forma que había que desmovilizar el frente Nacional de Resistencia Popular, y termina en los Acuerdos de Cartagena de Indias, Colombia, 2011, que contenía 9 puntos no los citaré aquí por falta de espacio, 22 de mayo del 2011.

De Frente a partido político

No había pasado ni un mes de haber firmados dichos acuerdos y Zelaya y sus aliados ya habían desmovilizados el Frente para convertirlo en Partido político, se dejó la lucha política para la transformación de Honduras, y paso a ser un partido político electorero, y se llenó de triunfalismo y se les advertía del fraude electoral a la vuelta de la esquina, sus dirigentes hicieron oídos sordos, y aseguraban que ellos eran mayoría política y que iban a ganar  las elecciones del año 2013, nada más iluso que eso, y a ello se le llama hacer política dándole la espalda a la realidad.  La realidad es cruda había que enfrentarla y evadirla como pretendía la dirigencia de Libre, el nuevo partido político se enfrentó a la maquinaria fraudulenta del golpismo, aseguraban haber ganado las elecciones y que se les había hecho un fraude electoral.    

Y podríamos decir que nadie de los países reconocía el discurso de Libre es denunciar dicho fraude, ni la Organización de Estados Americanos (OEA) ni muchos menos la Unión Europea EU, la Organización de Naciones Unidas (ONU), dichas instituciones recomendaron hacer una reforma electoral, quien preciso más en eso fue la Unión Europea (UE) y dio muchas sugerencias para garantizar la transparencia en los resultados, y todos los partidos políticos firmaron los acuerdos, pero de 2014 al 2017 no se llevó a cabo ninguna reforma electoral, y el 26 de noviembre de 2017 enfrento a un mega-fraude electoral jamás visto en la historia política electoral en Honduras, en la llamada época democrática, es más yo he llegado a pensar que en realidad no fue fraude, sino que más bien se robaron las elecciones.            

Reformas políticas electorales del año 2019

Cuando se habla de reformas políticas y mas si estas son reformas no se espera mucho de ello, desde el Congreso anterior donde Libre tenia una cantidad de diputados mayor a la de este congreso, no logro que se aprobaran reformas electorales gracias a la alianza política del partido Liberal y en el partido Nacional no aprobaron dichas reformas políticas electorales. El mantener el mismo sistema es decir las instituciones encargadas de llevar a cabo el proceso electoral, fueron las mismas del periodo pasado, la garantía del fraude era casi de mas del 90% y sin lugar a dudas fue de esa manera.

Las actuales reformas electorales y políticas llevada a cabo en el año 2019, pues la verdad si uno piensa y repiensa esa idea, ¿Hay reformas políticas electorales? En honor a la verdad pues la verdad es que no, volvemos a la repartición de los puestos políticos, un vicio que ya no es nada nuevo, el Bipartidismo los ha practicado históricamente, para un mejor ejemplo, citamos un representante de Libre en el Registro Nacional de las personas, un representante de Libre en el Tribunal Supremo electoral, que de Supremo no tiene nada. Las reformas que esperábamos no se aprobó ninguna de ellas. La Segunda vuelva electoral, prohibir la reelección, el plebiscitos y Referéndum, de hecho, ya lo tiene contemplado en la misma constitución de la Republica artículo 5.

  Dice la Carta Magna reza en su artículo numero 5 sobre la democracia participativa y Referéndum:  (La Constitución de la República de Honduras, 1982): “El gobierno debe sustentarse en el principio de la democracia participativa del cual se deriva la integración nacional, que implica participación de todos los sectores políticos en la administración pública, a fin de asegurar y fortalecer el progreso de Honduras basado en la estabilidad política y en la conciliación nacional. A efecto de fortalecer y hacer funcionar la democracia participativa se instituyen como mecanismos de consulta a los ciudadanos el referéndum y el plebiscito para asuntos de importancia fundamental en la vida nacional”.

 El problema de fondo es que la democracia no es participativa, sino que, a penas en representativa, ahora yo dudaría mucho si es democracia representativa, por mientras tanto colocaría entre paréntesis lo dicho. Aquí no se consulta al pueblo para asuntos vinculantes, y de participación ciudadana la consulta popular del año 2009 y el golpe de Estado, y los politicastros hondureños no permitieron decidieron dar un golpe de Estado, y todo ello violando la ley, he irrespetando la ciudadanía se le convoca a elecciones sólo el día de las elecciones primarias y elecciones Generales, ese día hay democracia y de allí termina todo, fiebre electoral. Como la democracia se reduce a procesos electorales.

El mismo artículo citado arriba establece: “El plebiscito se convocará solicitando de los ciudadanos un pronunciamiento sobre aspectos constitucionales, legislativos o administrativos, sobre los cuales los Poderes Constituidos no han tomado ninguna decisión previa. El ejercicio del sufragio en las consultas ciudadanas es obligatorio. No será objeto de referéndum o plebiscito los proyectos orientados a reformar el Artículo 374 de esta Constitución”.

Así, por ejemplo, por qué no le consultaron al pueblo hondureña si estaba de acuerdo con la reelección, y por medio de una consulta popular se habría evitado toda crisis política; de la ola de violencia desatada en el país por los órganos represivos del Estado, una enorme cantidad de muertes de personas encarceladas llamados presos políticos, violaciones a los Derechos Humanos, y desde luego a esta crisis es la de mayor impacto, que desemboca en una crisis humanitaria. 

Podemos hablar de Reformas ¿Se aprobaron reformas, o mas bien se repartieron el poder?

Otra cuestión debió de formar parte de alguna manera de las citadas reformas, es haber reducido el número de diputados pues yo me atrevería a decir que  por menos a la mitad, y otra que hubiera o debería de acompañar es prohibir de manera categórica a los diputados elegirse por más de dos periodos, que nunca más vuelvan a elegirse. Debería haber aprobado la segunda vuelta electoral, el voto electrónico, el Referéndum revocatorio, otra cuestión es haber aprobado la convocatorio para una Asamblea Nacional Constituyente, la verdad es que nada de eso ocurrió.

Mas parece que Libre el partido Nacional conforman el nuevo bipartidismo en Honduras, se crearon dos órganos se dice que nuevos habrá que ver si en realidad son nuevos, o es que tenemos lo mismo de siempre.  El Consejo Nacional Electoral (C.N.E) que es una especie de sinónimo del viejo Tribunal Supremo Electoral (T.S.E) diría que no hay diferencia alguna y el otro seria Tribunal de Justicia (T.J.E). Según Antonio Rivera Callejas este martes 29 de enero del presente año debería de haberse ratificado las reformas lectorales; “El día de hoy se tiene que ratificar las reformas que hicimos, la semana anterior agrego Callejas”.  (El Heraldo, 2019) Ya fue publicado en el diario oficial la Gaceta, no lo podemos citar aquí en San Pedro no lo encontramos para citarlo que había sido lo ideal.  

En Honor a la verdad es que estas no fueron reformas, mas bien hay que atreverse a decir que son contrarreformas, sino vamos a la misma constitución estas dichas reformas no llegan ni al nivel de la Carta Magna del año de 1982 y 83.  El Articulo 51 de la constitución de la Republica de Honduras capitulo V de la función Electoral, “Para todo lo relacionado con los actos procedimientos electorales habrá un Tribunal Supremo Electoral autónomo e independiente”.  Si yo no mal interpretó la ley constitucional, esta afirma que tiene que ser personas que no pertenezcan a los partidos políticos, es decir profesionales técnicos a partidarios de los políticos vernáculos, no será como muchos dicen que esas personas tienen que ser apolíticos, eso no existe lo cual se volvería imposible.  

A modo de conclusión

No se ocupa ser un experto en el tema de la política para darse cuenta que no han aprobado ninguna reforma electoral, esto lo sabe muy bien un ciudadano común y corriente, para dar una respuesta de esto no requerimos preguntar, al sociólogo, al historiador, al politólogo, al filósofo de la política, y a cualquier científico de las ciencias sociales, van estar de acuerdo en que dejaron intacto el estatus quo, el discurso de la llamada oposición política  es más una llamarada de tusa que una opción para transformar el sistema electoral.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a los trabajadores, obreros y campesinos, estudiantes, grupos ambientalistas, ecologistas, grupos feministas y grupos LGBT a luchar para transformar la realidad social y política de esta patria Honduras, a cerrar filas en la lucha por la democratización del sistema político en Honduras.

A todos estos movimientos políticos los instamos a unificar nuestra lucha para liberar a los oprimidos de esta patria Honduras, desde luego unificar lazos de fraternidad de todos los centroamericanos para hacer una sola patria, unida fuerte y respetada como cría el General Morazán, así, hacer realidad el sueño de lograr la independencia económica, y política de los Centroamericanos.

Hay que convocar aun Paro General para derrocar la dictadura de Juan Orlando Hernández, que han convertido el Estado de Honduras en una Narco dictadura, y urge que salga del poder lo más rápido posible. La dictadura puede caer si todos unificamos la lucha, y entre todos derrotamos el pesimismo.


Por Anselmo Jiménez

Una dictadura se afianza en relaciones de fuerzas complejas, coercitivas y totalitarias sobre el control de las instituciones del Estado, así como los instrumentos jurídicos, culturales y represivos que consoliden el marco de intereses económicos y políticos de los sectores legitimados (partidos tradicionales, militares, empresas privadas y transnacionales) a través de la violencia, la corrupción y la repartición desigual de recursos territoriales y financieros. Ésta, es una caracterización práctica −y general− de la profunda crisis de Honduras, particularmente, a partir del Golpe de Estado de 2009 y el fraude electoral entre 2017-2018.

El avance sin precedentes en los últimos 10 años del Partido Nacional (PN) y el militarismo lleva a arrastras un oscuro sendero de muerte, persecución y saqueo.  La corrupción encuentra su baluarte concreto en la impunidad que los desfalcos millonarios a las instituciones del Estado, como el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) y, más recientemente, el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), vulnera en espacios fundamentales para el desarrollo social y la garantía de derechos humanos, como la salud, la alimentación y la educación; más allá de espectáculo mediático e institucional que adorna la “lucha contra la corrupción”.

Guarda la memoria de estas “Honduras” retratos análogos de generaciones que, durante la otrora dictadura nacionalista de Tiburcio Carías Andino, entre 1932 y 1949, gestaron una oposición digna a las exigencias de su tiempo; enfrentándose a condiciones represivas extendidas por toda Centro América (con excepción de Costa Rica) por dictaduras sanguinarias. Sin embargo, aun existiendo manifestaciones de rechazo social, como revueltas, mítines, sublevaciones militares y civiles aisladas, que se profundizaron en los últimos años de la década de 1940, el férreo control del PN y los militares pactó −sobre la sangre de las/os mártires de la masacre en San Pedro Sula de 1944− una salida favorable al dictador, quien garantizó su salvoconducto y estabilidad a través de elecciones en 1949.

El 25 de enero, ahora en esta “nueva era” (2019), otro pacto cerraba filas sobre más sangre de nuestros hermanos y hermanas. Juan Orlando Hernández, junto al alto mando militar de Fuerzas Armadas, el aplauso sobrio del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), y, sin falta, el buen ver de la Iglesia católica y evangélica, daba apertura a la Segunda Legislatura del Congreso Nacional 2018-2022; aplaudiendo enfáticamente el concenso de las más grandes fuerzas partidarias del país, Libertad y Refundación (LIBRE) y el PN, en la construcción de nuevas reformas electorales, lográndose así, el último eslabón institucional que legitime el ascenso sin obstáculos de la dictadura nacionalista.

La política tradicional hondureña tiene escenarios comunes, demasiado cínicos, e irremediablemente tragicómicos. El día anterior a este “ejemplo” de democracia y madurez política, el coordinador del partido LIBRE, Manuel Zelaya Rosales, afirmó, en una entrevista con el periodista Miltón Benítez, que los “comandos de insurrección” no son sino un instrumento partidario, casi discursivo, para garantizar el proceso electoral en 2022; además de intentar negar la relación de LIBRE con las disposiciones técnicas y financieras que la Organización de Estados Americanos (OEA) hizo efectivas para estas reformas, pero, resaltando positivamente, el papel de estos organismos  para “torcer el brazo” al PN y garantizar el proceso −los mismos que reconocieron el fraude electoral del 2017 en Honduras, y que ahora encabezan la cruzada diplomática para coronar a Juan Guaidó en una esbirra “transición democrática” en Venezuela.

La diferencia fundamental entre las bases de LIBRE y sus dirigencias (las más cercanas a la coordinación, siempre caracterizadas por la borrachera política y el oportunismo) se representa, sin ninguna intervención sistemática de programas o claridad política, en la entrega desinteresada por la transformación de las tantas realidades de miseria, violencia, marginalidad y desigualdad social.

Las y los muertos que se siembran ahora en la memoria de un pueblo por su liberación, y el hambre enfática por el desempleo y la falta de oportunidades, radicalizan en especial a las y los jóvenes, la fuerza que mueve los procesos de resistencia más consecuentes en los territorios indígenas, universidades, colegios, y, por lo tanto, los recursos más oscuros de un Estado clientelista militar para contener la crítica y acción de aquellos/as que deberían enfilar la lista del subempleo o la tercera tasa de homicidios más de América Latina. 

Esta emergencia de la juventud debe reconocer las experiencias de resistencia, organización y movilización, desde distintos sectores y espacios en los que se ha concretado el papel de múltiples generaciones construyendo alternativas a los modelos de destrucción neoliberal. Este “encuentro” o reconocimiento debe posicionar la condición radical de 66% de pobreza en Honduras como referencia política y ética de una urgente transformación; rechazando el tradicionalismo político tintando en tonos más oscuros con los que se disfraza la oposición hondureña.


Por Rubén Molina

Ha comenzado el día propuesto por el Partido Libertad y Refundación (Libre), para continuar con las protestas y tomas de carreteras a nivel nacional. Se cumple hoy un año entero del fraude electoral, y la dinámica de los partidos de Oposición y el Gobierno no ha sido de una franca batalla, ni mucho menos; pues en el plano del formalismo de las instituciones representativas como el Congreso Nacional, las oposiciones encendidas de hace un año se han apagado a tal punto que ya se vislumbran alianzas oscuras entre el partido de gobierno y los “opositores” de Libre.

Los anuncios de “comandos insurreccionales” que han sido instruidos bajo la fórmula de la “no violencia”, llenan el vacío de un verdadero programa de lucha en contra del gobierno; programa que debería de involucrar las diferentes dimensiones en las que se debe resistir a la dictadura nacionalista: el plano de la lucha popular; que necesariamente conlleva a consensuar un calendario o agenda realista de acciones antigubernamentales como ser movilizaciones, y huelgas generales. El plano de la lucha frontal en el poder legislativo; si bien es cierto que la Oposición aceptó formar parte de la representación en el Congreso Nacional, y anunció con bombos y platillos ser la única voz y opción en contra de los proyectos del Partido Nacional, la discordia otrora salida de los discursos de los diputados opositores ha ido menguando en lo que va del año, quizá por los incrementos salariales recibidos y los presupuestos aprobados para su total manejo y antojo, como ser el Fondo de Desarrollo Departamental.

Hace unos días los diputados opositores de Libre consensuaron reformas electorales que rayan en lo más burdo y accesorio, pues se crearon –a la usanza de las viejas prácticas acomodadas a intereses partidarios– dos órganos engendrados para ensanchar más los espacios burocráticos:  El “Consejo Nacional Electoral” y el “Tribunal de ¿Justicia? Electoral”. En esta errática y malograda sesión de curules, no se dijo nada sobre la “segunda vuelta” electoral, y tampoco sobre las manipulaciones, compra de votos y financiamientos externos dados por el narcotráfico. No fue suficiente con los aplausos absurdos que sonaron en este ciclo de los “Padres de la Patria”, sino que tuvimos que ser espectadores de intercambios de halagos provenientes del más hórrido y servil diplomatismo, como si se tratase de un trato de “compadre hablado”.

¿Qué está pasado?

Hasta el momento, la represión por parte de la guardia creada para aplastar levantamientos contra el gobierno (La Policía Militar), comienza a ser un hecho. Con mucha antelación, estos gendarmes, merodearon los barrios populares epicentros de la lucha contra el Fraude Electoral durante noviembre y diciembre del año pasado, a fin de aplastar cualquier quema de llantas o toma de carretera. En la Capital la lucha ha sido encabezada por barrios como el Carrizal, El Cerro Grande, El Hato, entre otros. Los departamentos de Choluteca, Francisco Morazán y Santa Bárbara, –mientras se escribe esta nota–, son los que encabezan la lucha conmemorativa de la resistencia surgida durante el fraude electoral del año pasado. Y a rasgos generales, la intensidad de las protestas no se compara con la de hace un año.


Por Horacio Villegas

Los funcionarios del gobierno y los diputados del Congreso Nacional recibieron a finales de noviembre del año 2018 su jugoso aumento de salario. El FOSDEH ha publicado una tabla en donde se resumen los incrementos salariales de estos funcionarios públicos. En dicha tabla aparece el sueldazo del presidente que es de 151 mil 911 lempiras mensuales; el vicepresidente con 110 mil 862 lempiras; y los diputados propietarios quienes antes ganaban 55 mil lempiras, ahora pasaron a un total de 90 mil 892 lempiras al mes, sin duda alguna son cifras que dan pavor a cualquier hondureño con un empleo más o menos remunerado, que aproximadamente llega a los 8 mil 910 lempiras cada mes, y con el coste de una canasta básica que ronda los 8 mil 326 lempiras (El Heraldo, 19 de marzo de 2018).

Esta medida que aplasta la voluntad de los hondureños, contrasta con el Plan de Austeridad que comienza a implementar gradualmente Andrés Manuel López Obrador en México, que es diametralmente opuesto. Este nuevo presidente de los mexicanos, que rememora las gestas de los nacionalistas burgueses del siglo XX, se ha encontrado con el obstáculo de la numerosa burocracia estatal que no piensa soltar sus privilegios; y es precisamente la Suprema Corte de Justicia de aquel país, la que cuestiona esta medida severa para sus opulentos funcionarios.

En Honduras, los planes de austeridad no han formado parte de los programas políticos de los partidos tradicionales, y el despilfarro de dinero público en el ornamento de las campañas electorales ha sido la principal maniobra de los corruptos representantes de los partidos políticos. Acá la austeridad en vez de ser una política de Estado, forma parte del diario vivir de los hondureños que poco a poco van perdiendo poder adquisitivo.

El aumento del salario a los diputados fue una medida que si bien acumuló descontento entre los hondureños, no pasó a más. Las arengas de la Oposición concentraron algunas negativas al respecto, pero el tema acabó esfumándose de la opinión pública.

Ramón Oquelí escribía en 1966 que “al pueblo hay que mostrarle que los derechos se piden, se exigen o acaban imponiéndose a como haya lugar, y que es el mismo pueblo quien debe hacerlo.” No se trata de esperar ayudas y gestiones de organismos que se acomodan a las circunstancias, y que vuelven estrecho el paso hacia acciones concretas que hagan temblar, por ejemplo, los curules de los corbatudos y bien vestidos diputados.

La “gestión de la crisis” –receta que sale de ciertos trabajadores no gubernamentales– es dar por aceptada una injusticia y lanzarse como buitres al asecho para conseguir administrarla. Un amigo expresaba una vez, sin ningún molesto adorno de palabras, que este actuar de ciertas Ongs no es otra cosa que “echarle perfume a la mierda”, es más que seguro que se refería a que no se destruye el problema de raíz, sino que se acrecientan las formas de aguantarlo.

Resurgen alianzas en contra del gobierno nacionalista

Producto de la crisis post-electoral de noviembre del 2017, surgieron o se reanimaron varias instancias de agrupamiento de los sectores sociales que se batieron en lucha contra la dictadura: una de ellas es la Convergencia Contra el Continuismo (CCC), que aglomera a ciertos colectivos de barrios y colonias, compuesta también de sindicatos y la figura vital del padre Melo y Carlos H. Reyes.

Otra es la Plataforma Social Ciudadana (PSC), que empezó a tener más visibilidad en el panorama político al exigir abiertamente la salida del dictador Juan Orlando Hernández del gobierno, debido –así lo expresan– a la ruptura del orden constitucional. Esta instancia además de agrupar al representante del Partido Liberal Luis Zelaya, y al padre Melo, tiene en su seno también a ciertos sectores del empresariado que empiezan a resentir las arremetidas del gobierno en términos de impuestos y preferencias a grupos económicos afines a la dictadura. Estos empresarios y jóvenes de la clase media acuden con frecuencia a la máxima burguesa de invocar a los órganos de justicia emanados del Poder Judicial, cuando es sumamente notable la filiación que tienen dichos órganos con la dictadura nacionalista, es el caso de la Corte Suprema de “Justicia”.

La PSC tiene como objetivo convocar a “elecciones generales anticipadas”, bajo la responsabilidad de un “Gobierno Provisional”, tal como lo propuso en su momento Luis Zelaya. El padre Melo es quien hasta el momento ha liderado la lucha en contra del régimen abiertamente en las redes sociales y en los comunicados de prensa, ha sostenido incluso propuestas más claras que Libertad y Refundación.

A comienzos de este mes la Plataforma de Acción Ciudadana Contra la Dictadura (PACD), estableció una jornada de protestas antigubernamentales desde el 21 al 26 de enero del 2019. La plataforma aclara que no es un partido y que la aglomeran varios representantes de la Oposición: la conforman Luis Zelaya y Enrique Ortíz del Partido Liberal, Salvador Nasralla, y Nelson Ávila de Libre, la encabeza también el padre Melo, quien afirma lo siguiente:

“Nosotros llamamos a esta lucha independientemente si pertenecemos a organizaciones populares sociales a partidos políticos. Porque todos repudiamos que pretendan presentarla como una lucha entre partido de izquierda y de derecha” (Tiempo hn, 9 de enero 2019).

La jornalización de las protestas para este mes de enero coinciden con un escenario de negociaciones del gobierno y ciertos representantes de los trabajadores gubernamentales, que han exigido un aumento salarial más alto al estipulado en el presupuesto general de la República. Precisamente la ministra de finanzas Rocío Tábora, ha anunciado –mientras se escribe esta nota– un pírrico aumento de 800 lempiras a este sector; lo que contrasta con los aumentos salariales injustificados de los cínicos diputados del Congreso Nacional.

Otra caravana de hondureños parte hacia EEUU

Una tercera caravana de hondureños decidió tomar el azaroso rumbo hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Las presiones para llevar a cabo este éxodo son muchas, y principalmente están relacionadas con la situación de pobreza extrema y violencia que impera en el país. Las 6 masacres que han devorado la vida de 22 personas han demostrado el ambiente de inseguridad que se vive ahora con mayor intensidad en nuestro país.

El partido de gobierno ha desatado todo un programa de falsedades a la hora de dar cuenta de las causas de este fenómeno que inquieta los medios de comunicación internacional y su feroz e implacable opinión pública. Las ciudades epicentros de esta gran movilización de personas que buscan seguridad y mayor estabilidad económica, siguen siendo San Pedro Sula y Tegucigalpa, aunque también de otras regiones del interior.

Mientras los hondureños que decidieron partir hacia el Norte por motivos archiconocidos e irrebatibles, se resguardan en algún albergue o tienda de campaña temporal, los funcionarios gubernamentales de este gobierno, bien nutridos y elegantes, han propuesto detener a los jóvenes que deciden irse por el camino difícil de la migración, el único medio que según ellos, podrá resarcir la ausencia de oportunidades de empleo y seguridad, dos condiciones inexistentes en esta dictadura.

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