Por Horacio Villegas

El jueves 6 de diciembre ocurrió un hecho peculiar cerca de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), que tuvo mucha semejanza a las acciones populares de los chalecos amarillos en Francia: se quemaron tres unidades de transporte exigiendo la rebaja de la tarifa al transporte público, que tuvo un aumento de un lempira a comienzos del mes de diciembre.

Los estudiantes universitarios únicamente protestaron contra estas medidas, y la quema de los autobuses ha sido puesta en cuestión, ya que rondaban policías exactamente en el lugar de los hechos. Este dato incrimina directamente como hechores de la acción a la Policía Nacional, quiénes tendrían pretextos para poder atrapar estudiantes y así sembrar terror entre los jóvenes universitarios, que podrían iniciar una jornada de protesta por esta medida que arremete contra la economía de los hondureños.

Las autoridades de la Universidad lanzaron un comunicado suspendiendo las clases a partir de las 2:00 pm, lo que también contribuyó a que el pretexto de detención de los jóvenes universitarios por la policía ocurriera sin mayores obstáculos; pues luego de la quema de los autobuses es de conocimiento común que varios jóvenes se quedarían viendo el evento, como simples espectadores, y no es posible que entre tantos universitarios la policía haya dado con los responsables, sin previas investigaciones. Se trata de un montaje en perjuicio de los compañeros manifestantes.

Los 3 compañeros que están guardando prisión provisional de manera arbitraria son Rolando Melghem, Carlos Eduardo Hernández y Misael Martínez; y es el juez Número 11 del Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán quien les acusa de “incendio agravado”.

La abominable cara de la injusticia continúa lacerando la dignidad de inocentes. En algunas páginas estudiantiles se colocan ejemplos de contradicciones de la “justicia” hondureña: la red de diputados corruptos en el caso pandora, los enjuiciados por el tema del Seguro Social, el caso del hermano narcotraficante de Juan Orlando que fue juzgado fuera del país debido a la ceguera y sordera de los tribunales de “justicia” de acá, etcétera, etcétera.

Hasta el momento los organismos de defensoría de Derechos Humanos han dado respaldo a los compañeros que han sido enviados al presidio de Támara, con prisión provisional. Pero es necesario evidenciar la injusticia que se está cometiendo con estos compañeros que son inocentes, a través de campañas en contra de estas absurdas detenciones y demás actos que no son otra cosa que persecución hacia nuestros compañeros, y una forma burda de los órganos de seguridad del Estado, para tener nuevamente chivos expiatorios.

Por Horacio Villegas

Estamos  a un año del Fraude Electoral que consolidó las pretensiones continuistas del gobierno cachureco. A tan solo un año de legislación ilegítima, el partido de gobierno ha arremetido contra la mayoría de hondureños y hondureñas con medidas antipopulares que contribuyeron, de una u otra forma, al éxodo de migrantes que hoy se encuentran en la frontera con EE.UU, el último trayecto de nuestros hermanos centroamericanos.

La administración de los nacionalistas se ha reducido a implementar aumentos en los distintos servicios públicos que los hondureños apenas pueden pagar con sus pírricos salarios: los cobros exagerados de energía eléctrica, el aumento a la tarifa del transporte público –que se espera comenzando el mes de diciembre–, y la paulatina privatización de instituciones públicas como el INFOP y HONDUTEL.

Estas medidas arbitrarias contrastan con los aumentos exagerados de salarios que los diputados del Congreso Nacional se recetaron hace algunas semanas atrás; también con las construcciones palaciegas como el Centro Cívico Gubernamental, que es otro contraste que existe entre la pobreza extrema y la comodidad opulenta de los nuevos burócratas que ha creado este vil gobierno nacionalista.

Mauricio Oliva propone que pastores participen abiertamente en cargos de elección

El artículo 77 de la constitución hondureña de 1982, en el segundo párrafo, se manifiesta que los ministros de las varias religiones no podrán inmiscuirse en las actividades de propaganda política, que tengan como fin último persuadir sin escrúpulos a sus creyentes, para arrastrarlos a apoyar cualquier postura infundamentada.

“Los ministros de las diversas religiones no podrán ejercer cargos públicos ni hacer en ninguna forma propaganda política, invocando motivos de religión, o valiéndose como medio para tal fin, de las creencias religiosas del pueblo.” (Constitución de la República de Honduras, Artículo 77, párrafo 2).

Es de suponerse a estas alturas, que en la vida política de nuestro país se ha dado con mucha recurrencia, que los pastores –en su mayoría evangélicos– se entremezclen en los liderazgos de los partidos tradicionales. No es nada nuevo. Pues la mayoría de hondureños que vivió con intensidad el Golpe de Estado del 2009, recuerda con desdén la participación de Evelio Reyes y el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez, quienes satanizaban la auténtica lucha popular contra este golpe.

Lo que llena de asombro y rabia en este caso, es el manoseo y manipulación de la constitución de 1982, que si bien es cierto, no fragua los verdaderos intereses de las clases populares, pero al menos compacta en artículos pétreos e intocables varios de los designios que sofocarían cualquier intento autoritario por los gobiernos de turno, como es la reelección –aunque ya haya sido modificado este supuesto inamovible por las hordas nacionalistas y su Corte de “Justicia”.

Mauricio Oliva, el actual presidente del Congreso Nacional, es parte de estos grupos religiosos evangélicos que pretenden hacer proselitismo desde el púlpito de los salones de oración. Es amigo de la “confraternidad Evangélica”, la misma que se ha posicionado a favor de la actual dictadura cachureca. En una nota del periódico Libertad Digital, se colocan las siguientes palabras de Oliva, refiriéndose a los citados pastores religiosos: “Son personas de buenos sentimientos y con una misión en la vida de salvar almas, debe permitírseles también participar en política.” (Libertad Digital, 21 de noviembre de 2018).

Los nacionalistas se han caracterizado por promover grandes retrocesos en relación a las políticas liberales reformistas. La religión inmiscuida en el Estado fue un debate del siglo XIX, que no terminó de agotarse en el siglo XX, y que hoy en el presente siglo, resuena aún, con mayor intensidad, en nuestras sociedades profundamente religiosas. El frente derechista de religiosos evangélicos que tiene en una profunda encrucijada a las naciones latinoamericanas –especialmente Brasil con el engendro Bolsonaro– pretende tomar la palabra hoy en Centroamérica, para acaparar el espacio que nunca le ha pertenecido de pleno derecho.

Las circunstancias están dadas en Honduras para que una ofensiva de esta naturaleza se entronque minuciosamente en la legislación nacional, como una espantosa reforma al artículo 77 constitucional. Los nacionalistas manejan a cabalidad las negociaciones con los sectores religiosos evangélicos, pues entre las políticas que busca con urgencia este sector está la de las exoneraciones de impuestos a sus templos de adoración, que proliferan a diestra y siniestra en cada rincón de este país.

En este contexto de la politización de los grupos evangélicos aglomerados en la “Confraternidad Evangélica”, es más que necesario sacar a relucir su complicidad con los regímenes que han estado por encima de las vidas de muchos hondureños aplastados y reducidos a cadáveres; el claro ejemplo fue con la administración golpista de Micheletti y los gobiernos subsiguientes al 2009, y la crisis-post electoral de noviembre de 2017. Evelio Reyes dio el respaldo total a los perpetradores de los asesinatos del golpe de Estado del 2009, y los asesinatos de noviembre del año pasado; información que todos los evangélicos deberían de manejar sin asombro alguno.

Tony Hernández: el hermano de JOH que ya fue arrestado en EE.UU por narcotraficante

Los periódicos de la burguesía árabe-palestina en el país han evadido los títulos que evoquen una gran lluvia de críticas y juicios por parte de la población hondureña, hacia la figura de este narco que ya es juzgado en el extranjero. Títulos que paradójicamente enaltecen las acciones del gobierno en la lucha contra el narcotráfico, fueron puestos ayer en la primera plana de la La Tribuna: “gobierno de JOH desarticuló operaciones de 5 carteles”.

El arresto de Antonio (Tony) Hernández fue el viernes pasado, en Miami, EE.UU. los delitos que le fueron evidenciados denotan su complicidad con el narcotráfico hacia EE.UU en todas las etapas, además su rango de acción no solo se circunscribió a Honduras, sino también a Colombia y México. Se le involucra en el tráfico de cocaína, utilización de armas en protección de estos ilícitos, y la falsedad en la información que ofrecía a los encargados del caso. A Tony Hernández se le viene investigando desde el año 2004, tiempo en que estuvo enquistado como diputado nacionalista en el Congreso Nacional.

“Hernández habría presuntamente organizado la seguridad de los envíos de cocaína por barco, pagado sobornos a las autoridades para recibir información a fin de proteger sus cargamentos y solicitado cuantiosos sobornos a grandes narcotraficantes, de acuerdo a la Administración para el Control de Drogas de EE.UU (DEA, por sus siglas en inglés)” (BBC/News Mundo, 27 de noviembre de 2018).

Hernández era de la talla de otros grandes narcotraficantes de la región, sus vínculos demostrados con otros narcos de Colombia y México lo confirman. Y el hecho de haber tenido su propia marca (TH) de droga lo ubica como un narcotraficante ambicioso que sabía muy bien el negocio en el que se movía. El testigo principal para que pudieran salir a luz el resultado de las investigaciones, es el coronel Santos Orellana, quien tiene información importante referida al caso de este narco de Gracias, Lempira. El gobierno nacionalista lanzó un comunicado el viernes 23 de noviembre, refiriéndose al tema de la detención de Tony:

 “4. En el caso del ciudadano Juan Antonio Hernández así como el de cualquier otro hondureño, el Presidente y su gobierno mantienen la posición que cada quien es responsable de sus actos y en ningún caso esta responsabilidad es transferible a otras personas.” (Comunicado de la presidencia de Honduras, 23 de noviembre de 2018).

El gobierno trata de salvar su imagen de no torcer el brazo ante las arremetidas de la corrupción y las actividades ilícitas como el narcotráfico, pero ya es de sobrado conocimiento sus vínculos ya intrafamiliares en estos actos aberrantes que no dan sino motivos para seguir exigiendo la caída de esta vil administración. En otro comunicado lanzado el 26 de noviembre, el gobierno trató de maniobrar sobre esta detención de Tony, arguyendo que desde la administración de JOH la batalla en contra del narcotráfico ha dado distancia a aquella denominación que veníamos nutriendo desde hace diez años atrás, la de “Narco-estado”.

En este altisonante comunicado se enumeran los supuestos logros que ha tenido esta administración en el tema del combate a las actividades ilícitas, y además se mencionan los engendros creados en materia de seguridad, como la Policía Militar del Orden Público y otras unidades armadas. Y también se resalta la destrucción de varios narco laboratorios, aunque ya los hondureños estamos claros y bien sabidos de que los laboratorios de la familia Hernández no se redujeron a cenizas.  

Una movilización que recordó un año del fraude electoral, terminó en balazos

El pasado lunes 26 noviembre, la Oposición efectuó una movilización que tuvo su comienzo desde Plaza Miraflores hasta llegar a la nueva Casa Presidencial. El motivo de la movilización fue darle realce al año entero que ya lleva el fraude electoral del pasado 26 de noviembre de 2017. Las consignas antigubernamentales se expresaron por parte de varios dirigentes del magisterio que han tenido cierto apego a la fórmula de “insurrección pacífica” de Libre y su caudillo Zelaya. Compañeros del movimiento estudiantil se hicieron presentes, entre otras organizaciones populares afines a la lucha popular.

Los hechos de esta jornada fueron los siguientes: al desembocar en la nueva Casa Presidencial, los compañeros manifestantes recibieron como es de costumbre, bombas lacrimógenas de parte de los policías. Al apagar los ánimos de los manifestantes por las medidas arbitrarias de estos cuerpos armados, comenzó el repliegue con dirección a lugares seguros del Bulevar Fuerzas Armadas. Extrañamente hubo entre los automóviles un bus lleno de militares del Instituto Nacional Penitenciario, quienes abrieron fuego contra los pocos manifestantes que se encontraban en este bulevar. La balacera provocada por estos militares dejó a dos compañeros gravemente heridos, pues atacaron con sus fusiles de gran calibre a diestra y siniestra. Un representante de la prensa, de UNETV, Geovanny Sierra fue el que resultó con heridas de mayor gravedad en su brazo.

La construcción de la nueva Casa Presidencial fue pensada para repeler cualquier tipo de protesta en contra del dictador nacionalista, es un lugar que se cunde de automóviles en las horas pico, y un punto de acceso frecuentado. Las subsiguientes protestas dirigidas a esta representación del “castillo” cachureco, deben ser mejor organizadas, pues el espontaneísmo no nos dejará arremeterle el último golpe de gracia a esta dictadura.

Por Horacio Villegas

El mes de octubre y el comienzo del mes de noviembre han traído consigo una ininterrumpida marea de acontecimientos políticos que en nada contribuyen a solucionar la crisis migratoria, y el problema de fondo que es la presencia del gobierno nacionalista en el poder.

La dinámica de la oposición ante la caravana de migrantes

Tanto en Honduras, como en los demás países centroamericanos, se ha ido afianzando una condición que demuestra el fracaso de las políticas neoliberales y el saqueo de los partidos que han gobernado bajo el esquema bipartidista; esta condición ha estallado con mayor intensidad en Honduras, y ha mutado en la forma de una masiva caravana de migrantes con dirección a Estados Unidos.

El golpe de Estado del 2009 y la crisis post-electoral de noviembre del 2017, son las dos situaciones críticas que han nutrido de desesperación a los hondureños, debido al incremento acelerado de la violencia, la pobreza extrema y la burda y corrupta administración del Estado por parte de los nacionalistas.

En la semana que lleva la caravana de migrantes, se han destapado diferentes posturas a lo interno de los partidos tradicionales: por un lado, el Partido Liberal con Luis Zelaya, quien representa el ala opositora al gobierno, lanzó una publicación el sábado 20 de octubre en donde explícitamente llama a la unidad de la oposición

“…para exigir salida de Juan Orlando. Luego formar gobierno de transición, donde ninguno de nosotros sea parte, que garantice próximo proceso electoral transparente y un plan de reactivación económica” (Declaración de Luis Zelaya en las redes sociales, 20 de octubre de 2018).

Luis Zelaya hace este claro llamado a la unidad de la oposición, en un momento en donde su partido ha tenido una grave fractura, que le ha costado diez y siete de sus diputados de bancada; quienes se han enlistado en la facción corrupta y pro-gobierno de Elvin Santos, quien a su vez encabeza la lista de expulsados. Entendido de la crisis de su partido, ha puesto, aparentemente, a disposición todos sus medios, aunque no haya anuncio todavía de convocatorias a movilizaciones o protestas.

La retórica de Luis Zelaya invoca al liberalismo radical que operó en este partido en el transcurso del siglo pasado, pero aun así, confía más en la lucha parlamentaria y formalista burguesa, que involucra a los caudillos como Mel, y al contradictorio Salvador Nasralla.

El partido de oposición Libre, representado por el caudillo Manuel Zelaya, ha propuesto una Asamblea Nacional Constituyente o un “acuerdo nacional” como le ha nombrado en sus declaraciones. Este acuerdo nacional consiste en reunir a todos los sectores sociales, y sectores políticos, para así reconstruir el orden constitucional en el país.

Por su parte el Padre Melo, quien lidera la Convergencia Contra el Continuismo (CCC), ha convocado una caravana de solidaridad con los migrantes desde el martes 23 de octubre; esta caravana vendría a desembocar a la capital hasta el día viernes 26 de octubre. Mientras tanto los nacionalistas han sacado a sus bases pagadas a movilizarse en diferentes puntos de la capital, esto con el fin de desvirtuar las verdaderas causas de la migración masiva de hondureños, que han sido sus políticas impopulares de privatización, su servilismo a Estados Unidos y sus actuaciones corruptas y de saqueos al erario público.

El miércoles 7 de noviembre se constituyó la Plataforma Ciudadana, espacio que aglutina a los representantes de la oposición y ciertos sectores civiles que se oponen al régimen de Joh. Esta Plataforma surgió en medio de la crisis de migrantes que vive el país, y arremete con declaraciones fuertes que invocan la salida inmediata del gobierno y la creación de una junta de transición tal como la exigió Luis Zelaya. Los puntos de exigencia son los siguientes:

“1. La inmediata salida del poder del Sr. Juan Hernández Alvarado y de su gobierno haciendo uso de las vías constitucionales, jurídicas y políticas existentes para tal fin entre ellas consultar al pueblo sobre la reelección presidencial, una salida acordada políticamente o ejercer nuestro derecho constitucional a la insurrección.

2. Convocar a Elecciones Generales anticipadas bajo la responsabilidad de un gobierno provisional que se constituya expresamente para ese fin, con garantías de respeto de la voluntad popular, para que se realicen dentro de los seis meses posteriores a la salida del Sr. Juan Hernández Alvarado y de su administración” (Declaración de la Plataforma Ciudadana, 7 de noviembre de 2018).

Esta Plataforma Ciudadana al igual que otras iniciativas de organización formal, reclaman dentro de la dinámica legalista y como hemos visto a lo largo de la crisis electoral, esta vía a fracasado rotundamente. Los sectores que lucharon luego del fraude electoral no esperan más retórica que en lo absoluto incomoda al gobierno, esperan acciones concretas que se resuman en una calendarización de protestas, tomas de carreteras y demás métodos que sofoquen a esta dictadura.

Las reacciones del gobierno nacionalista

El gobierno de JOH se llenó de perplejidad al inicio de esta caravana de migrantes. Las reacciones de su burda administración se tradujeron en manotadas de ahogado que intentaban por un lado traer de regreso a toda aquella multitud de hondureños que ya habían arribado a Guatemala; y por otro lado intentó manejar mediáticamente el problema con ofertas ficticias de trabajo, que como es de costumbre, rondan entre cifras enormes de miles. En este caso la maniobra consistió en el desembolso de 2,400 millones de lempiras para la creación de 12 mil Mipymes, y la aprobación de un nuevo decreto que impulsa esta medida, –así lo anuncia un diario oficial:

“…estamos enviando este día un decreto legislativo al Congreso Nacional para que las empresas que se creen durante los próximos 12 meses tengan exento el pago del Impuesto Sobre la Renta por los próximos 3 años… Estamos ordenando que las facturas y recibos de estos nuevos emprendedores puedan obtenerlas gratis por un año a través de la Empresa Nacional de Artes Gráficas…” (La Tribuna, 24 de octubre de 2018).

Entre el descrédito y el fracaso que rodea al gobierno por este éxodo de hondureños, surgieron más escándalos de corrupción evidenciados por la Maccih, que fueron anunciados por el brasileño Luiz Antonio Marrey, el reemplazo de Juan Jiménez Mayor. Esta vez el acto de corrupción involucra a dos funcionarios del gobierno de Pepe Lobo, Wilfredo Cerrato y Ramón Lobo (hermano de Pepe Lobo). El caso se denominó la “Caja Chica del Hermano”, y los cargos son fraude y malversación de caudales públicos.

“El caso ‘Caja Chica del Hermano’ es el último caso de investigación penal integrada que presenta el equipo formado por MACCIH-OEA y UFECIC-MP. Los anteriores fueron Red de Diputados, Caja Chica de la Dama, Pacto de Impunidad, Pandora, Aseguramiento de Bienes” (Criterio.hn, 13 de noviembre de 2018).

Trump acusa al gobierno de Joh

En plena crisis migratoria, con el carácter frenético que lo caracteriza, Trump declaró que el gobierno nacionalista se roba las “ayudas” que efectúa el gobierno estadunidense a Honduras:

“Ellos no hacen absolutamente nada por nosotros, absolutamente nada. Le pedí al vicepresidente, Mike Pence que llamara al presidente de Honduras a todos… llamó y le dijo: Escucha, no queremos que permitas la formación de caravanas en tu país. Te pagamos cientos de millones de dólares al año, los cuales son muy probable que se los roben y no queremos eso, mientras tanto nada, no hicieron nada por nosotros” (Declaración de Trump el 4 de noviembre de 2018, replicado por Criterio.hn).

Las opiniones que replican a estas declaraciones de Trump van de un extremo a otro entre los analistas, unos afirman que las “ayudas” que Estados Unidos da a Honduras son pírricas y que no generan ninguna condición económica favorable para nuestro país; son posturas que rechazan las declaraciones de Trump, pero que a su vez no dejan de encubrir el fenómeno de la corrupción que tanta miseria provoca. Lo cierto es que existe el fenómeno de la corrupción en su matiz más descarnado desde que los partidos tradicionales gobiernan, lo diga o no este frenético presidente gringo.

“El Gobierno de la República de Honduras, rechaza enfáticamente las declaraciones referidas a un supuesto mal uso de los recursos de cooperación brindados por el Gobierno de los Estados Unidos y demanda una rectificación al respecto” (Comunicado del Gobierno de Honduras, 5 de noviembre de 2018).

Los defensores del gobierno no tardaron en manifestarse en contra de estas declaraciones, hasta el punto de pedirle “rectificar” en sus acusaciones a Trump. Los portavoces defensores de este gobierno como la Canciller Dolores Agüero apretaron los dientes ante estas verdades amargas, y declararon en un comunicado que estas acusaciones “lesionan el honor de la República de Honduras”.

Más traiciones al pueblo hondureño

Los diputados del congreso nacional se dieron un jugoso aumento de casi el doble de su salario normal, arguyendo que al no tener el dinero en concepto del fondo departamental, tenían que acudir a este aumento para seguir realizando obras en sus departamentos representados. La excusa estaba dada para poder acceder a este privilegio que en lo general, la clase trabajadora no consigue desde algunas décadas.

Pero resulta que ahora los diputados de todas las bancadas, incluyendo a los de Libre, exigieron de nuevo este fondo departamental a sabiendas de su descomunal aumento de salario. La aprobación de esta medida se dio el día jueves 8 de noviembre, y serían 400 millones de lempiras aprobados para este dichoso fondo. Los señalamientos de corrupción a los congresistas va por este lado, pues ha sido con este fondo departamental que sistemáticamente han robado al erario público.

Por su parte Doris Gutiérrez ha manifestado que este fondo es una fuente de corrupción, y que no corresponde a los diputados hacer proyectos en sus departamentos correspondientes. Gutiérrez afirmó en la prensa formal que

“no hay sanciones para diputados que no presenten en tiempo y forma sus liquidaciones de manera auditada… ese fondo departamental ha sido una fuente de corrupción… Estos fondos son para hacer un proselitismo político personal…” (Tiempo.hn, 9 de noviembre de 2018).

Estamos frente a otra traición contra el pueblo sencillo que apenas llega, los que pueden lograrlo, al pírrico salario mínimo. Y además es en medio de una multitudinaria caravana de migrantes que sucede este bochornoso primer paso para seguir perpetuando la corrupción en el país.

Por Max Luján

En los primeros días de noviembre un grupo de estudiantes (varones y mujeres) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), denunciaron públicamente a profesores universitarios señalándolos como acosadores, extorsionadores, chantajistas y agresores sexuales dentro de la universidad.

Los estudiantes mostraron, los nombres y apellidos de los presuntos catedráticos acosadores, en sendos murales ubicados de manera visible en los puntos más concurridos por la comunidad universitaria.  La denuncia se convirtió en un escándalo.

La campaña generó una fuerte reacción en las redes sociales y medios de comunicación al exponer los nombres y apellidos, asignaturas que imparten, y los centros o campus donde laboran los profesores señalados. Todo ello ha creado una serie de opiniones divididas y sometidas al debate público.

El acoso y hostigamiento sexual

Cabe señalar que en Honduras el acoso sexual lo viven 9 de cada 10 mujeres, según cifras proporcionadas por Rachel Ramírez del Foro de Mujeres por la Vida. Es un dato escalofriante que demuestra la incapacidad de los entes gubernamentales encargados de promover una cultura de respeto hacia las mujeres, deben además de investigar e impartir justicia en todos estos casos. No debemos olvidar que el artículo 147, literales A. B y C del Código Penal vigente tipifica como un delito grave el acoso y hostigamiento sexual.

El acoso hoy en día es abierto, no distingue edad, género, etnia, grupo social, ideología, o preferencia sexual, etc. En la vida real, se producen muchos casos de acoso u hostigamiento de un hombre hacia otro, de una mujer hacia otra, de un hombre hacia una mujer y viceversa. Es un grave problema cultural que debe ser combatido. No podemos justificar la conducta patriarcal y de irrespeto que ha lacerado fundamentalmente la dignidad de la mujer.

Debemos reconocer que estas prácticas de acoso u hostigamiento sexual en la UNAH y en otros centros educativos es una realidad. No solo ocurre en las aulas de clases desde una cátedra, ocurre en oficinas, en pasillos, en lugares de servicios, negocios comerciales y cualquier otro lugar dentro del campus. El acoso puede ser realizado y al mismo tiempo ser víctimas los empleados, estudiantes, burócratas, docentes y todo aquel vinculado a la comunidad universitaria.

Las denuncias especificas contra algunos profesores

Las campañas de denuncia contra el acoso u hostigamiento sexual son positivas, pero debemos señalar que, en el caso concreto de los profesores y profesoras de la UNAH, se han producido ciertos abusos que deben corregirse.

El hecho que esta sea una campaña de denuncias anónimas, sin presentar las correspondientes pruebas de cada caso (declaraciones, fotos, grabaciones, etc), se convierte la denuncia en una calumnia que, de igual manera, daña la reputación de las personas que ha sido denunciadas. En el caso de los docentes es gravísimo, porque lo convierte en candidato de sanciones administrativas.

Debemos evitar cometer el error de corregir una falla con otra falla similar. Una denuncia sin fundamentos puede convertirse en un arma mortal contra profesores que han mantenido un espíritu de lucha dentro de la UNAH. Los rumores anónimos en las redes sociales y medios de comunicación pueden ser orquestados por fuerzas oscuras que quieren limpiar la UNAH del pensamiento crítico, utilizando para ello el pretexto del combate contra el acoso u hostigamiento sexual.

Por una campaña de denuncias seria, responsable y transparente

Exhortamos a las organizaciones feministas, frentes estudiantiles y asociaciones estudiantiles, sindicatos, y a los grupos que apoyan la campaña de denuncias contra el acoso y hostigamiento sexual que continúen con su encomiable labor, pero que presenten pruebas suficientes para no convertirse en instrumentos de ciertos grupos que, como el gobernante Partido Nacional, luchan por apoderarse completamente de la UNAH.

Una campaña de calumnias a través de las redes sociales y medios de comunicación, crea condiciones para una cacería de brujas en contra ciertos profesores beligerantes.

Las autoridades universitarias deben fortalecer los mecanismos e instituciones encargadas de investigar estos delitos y sancionar con penas severas a todo aquel que incurra en una transgresión. Así como hay profesores que atacan sin sentido a los alumnos críticos, también hay alumnos que critican sin sentido a profesores que imparten sus clases de manera debida

En la UNAH existe el Alto Comisionado Universitario que es el encargado de investigar y dirimir estos casos. La campaña no debe ser anónima, debe ser clara, transparente, y comienza desde el aula y los pasillos. Lo que debemos evitar que es una denuncia sin fundamentos y pruebas, se convierta en una vil calumnia.