Por Horacio Villegas

Las protestas de estudiantes de media, que se extendieron hasta distintos departamentos del país, y que tuvieron como epicentros la ciudad capital y San Pedro Sula, pusieron en gran preocupación a los representantes del gobierno en el sector educativo. El Ministro de Educación, Marcial Solís, dio a conocer medidas que vendrían a sancionar a los compañeros huelguistas y a sus docentes; pero a pesar de las advertencias, los estudiantes de media continuaron expresando su descontento con el tema del aumento al transporte, y la desgracia que existe en cada uno de sus centros educativos. En este contexto se ubica una tragedia que tiene como principal ejecutor al Estado y una de sus fuerzas represivas: la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

Asesinatos estilo escuadrones de la muerte

El pasado viernes 31 de agosto encontraron los cuerpos de dos jóvenes estudiantes de secundaria en la capital. Uno de ellos estudiante del Técnico Honduras, instituto que estuvo al frente de las protestas. Los cuerpos encontrados presentaban rastros notorios de torturas, y en fotografías que circularon en las redes sociales se muestran a los perpetradores del crimen: miembros uniformados de la ATIC.

Por su parte la ATIC ha respondido a las sospechas que se manejan de su culpabilidad en este caso, aseverando que el crimen responde a organizaciones delictivas de pandilleros. En varios comunicados la ATIC aclara que hará las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de los hechores de este asesinato de los dos jóvenes estudiantes.

“La fuente considera que entre las líneas de investigación podría haber pandilleros de la Mara Salvatrucha, hay policías activos que están siendo investigados y otro tipo de intereses políticos para afectar el brazo técnico científico del MP, a consecuencia de los recientes casos de corrupción por los cuales han imputado a varias personas” (La Tribuna, 3 de septiembre de 2018).

Los asesinatos extrajudiciales en Honduras no son algo reciente, la política del exterminio de jóvenes militantes de agrupaciones estudiantiles ha sido una constante en la historia del país; y ha tenido su repunte en los sucesivos gobiernos militares e inclusive con mayor intensidad en la ficticia transición a la democracia en los años ochenta. Los jóvenes, que son proclives a movimientos estudiantiles, son la principal víctima del Estado que todavía mantiene estructuras de inteligencia policiaca; estructura que les resultó eficaz para matar revolucionarios en la década de los ochenta, y en la actualidad para matar posibles disidentes políticos.

A los jóvenes estudiantes de secundaria les toca enfrentar una realidad muy distinta, pero a la vez muy afín a la de los universitarios: éstos últimos han tenido infiltraciones en las estructuras como las asociaciones y movimientos independientes, además de una persecución selectiva a lo interno de la universidad. Mientras tanto a los jóvenes de secundaria les agobia una ola de violencia proveniente de sus centros educativos, y aparte de esto la cercanía con las maras en sus barrios y colonias, y ahora la cruda persecución, también, de los órganos de seguridad del Estado; quienes al fin del levantamiento de cuerpos torturados de estos jóvenes, justifican el hecho como producto de fenómenos delictivos internos como afrentas entre pandillas. Lo cierto es que existen muchos pretextos aprovechables para las organizaciones de inteligencia del Estado, pues la violencia que existe en el entorno de los estudiantes de secundaria es más que suficiente para desviar un asesinato extrajudicial.

La importancia del escandaloso caso Pandora

En Honduras, las diferentes fracciones de la burguesía han acumulado sus capitales, saqueando las finanzas del Estado. Esta ha sido una tendencia histórica en Centroamérica, pero en Honduras ha adquirido características grotescas. Los dos partidos tradicionales, liberales y nacionalistas (conservadores), no solo se turnan para saquear el Estado, sino que, desde la oposición, cualquiera de los dos, también participan en el saqueo de las finanzas. Esto ha quedado demostrado no solo en el saqueo del Instituto Hondureños de Seguridad Social (IHSS), sino que las revelaciones del caso Pandora, han mostrado la gravedad del asunto.

El escando fue develado en junio por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH): 38 altos funcionarios de ambos partidos, diputados, ex ministros, etc, fueron encausados por el delito de lavado de activos. La denuncia puso en evidencia que no hay tal oposición, sino que ambas cúpulas se ponen de acuerdo en saquear al Estado, a veces desde el propio Congreso Nacional.

Una parte de los encausados fueron liberados, se les dictaron medidas sustitutivas, otra parte, los chivos expiatorios, continua en prisión y el proceso penal continua. Lo más relevante de este caso, es que fueron encarcelados miembros de la alta dirigencia del gobernante Partido Nacional, golpeando la frágil estabilidad del gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) después que este impusiera la reelección presidencial, violentando la clausulas pétreas de la Constitución de 1982.

Aunque fueron absueltos y liberados una parte de los acusados, el golpe más demoledor llegó el martes 28 de agosto: el bipartidismo, representado por los dos partidos tradicionales del país, el Partido Liberal y el Partido Nacional, quedó expuesto ante todos los hondureños como organizaciones profundamente ligadas a la corrupción. Con una orden del Juzgado de Privación de Dominio se les aseguró los bienes a los personajes embarrados en el Caso Pandora.

“El ministerio Público confirmó este martes que se procederá al aseguramiento de 46 bienes inmuebles, nueve empresas mercantiles, seis vehículos, cuatro cuentas bancarias y dos certificados de depósito, todos vinculados de manera directa o indirecta a quienes se beneficiaron de los fondos drenados de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)” (El Heraldo, 28 de agosto de 2018).

La importancia de este caso radica en que el gobierno de JOH, por presiones de Estados Unidos, se ha visto obligado a procesar penalmente a Rosa Lobo, ex primera dama, esposa del expresidente Porfirio Lobo, y en el caso Pandora, ha tenido que cerrar los ojos, apretar los dientes y aceptar que la MACCIH iniciara la causa penal contra dirigentes de su propio partido. El encarcelamiento y procesamiento de dirigentes liberales, sin lugar a dudas, persigue el objetivo de ganar plenamente a Elvin Santos, y los diputados liberales que le siguen, al plan imperialista que pretende imponer el orden y un “normal” funcionamiento de las instituciones del Estado burgués en Honduras. JOH se ha vuelto el verdugo de su propio partido, pero eso no cambia su naturaleza de agente del imperialismo.

JOH está presionando duro al Partido Liberal porque pretende establecer acuerdos, dentro del Dialogo Nacional, que permitan una profunda reforma al Estado, arrinconando al ala del liberalismo liderada por Mel Zelaya.

No hay nada que festejar este mes de septiembre

Este gravísimo acto de corrupción viene a confirmar el desprestigio que tienen los representantes de la “democracia representativa” y formal en el país, a su vez los primeros en impulsar la festividad del mes de la “patria”. No es posible caer en esta trampa que, bajo el pretexto de una celebración llena de un enfermizo e hipócrita patriotismo, pretenda idolatrar una patria corrupta, que tiene a los mayores representantes de estas mezquinas y degradantes prácticas, en los partidos tradicionales, quienes llenan el congreso nacional, la presidencia (dictadura) del país y quizá todas las instituciones públicas y el sector privado.

Movilizaciones pendientes promovidas por la CCC

La Convergencia Contra el Continuismo (CCC) que surgió en agosto de 2017, precisamente en el contexto de la violación a la Constitución hondureña por el régimen del Partido Nacional, decidió iniciar toda una jornada de movilizaciones luego de acontecer la crisis post-electoral; crisis que a su vez dio inicio a una nueva etapa en la política nacional: la instauración de una dictadura.

La Convergencia ha sido clara en sus objetivos: llevar a cabo una suerte de resistencia civil encaminada en acciones estrictamente legales: movilizaciones pacíficas, conferencias de prensa, y una campaña en defensa de los presos políticos. La convergencia aglomera a la vieja guardia sindical, y en su mayoría a varias organizaciones que le apuestan al proyecto reformista del Partido Libre. El problema es que es un poco más de lo mismo, es decir, LIBRE moviliza solo a su gente, pero no logra establecer una amplia alianza contra JOH, debido a que sectores de la burguesía han terminado aceptando al Uribe de Honduras. En esa soledad, la izquierda debe romper sus ilusiones en LIBRE, y postularse como única alternativa para derrocar a la dictadura de JOH, reconstruir la experiencia amplia y democrática del FNRP, para reunir a las masas populares en un solo bloque o frente que puede derrocar a la actual dictadura.

Para este 15 de septiembre de 2018 se ha convocado, como ocurre todos los años luego de acontecer el golpe de Estado del 2009, una movilización alterna que se dispute la mayor concurrencia de personas al margen del Estadio Nacional Tiburcio Carías. Mientras que el gobierno ha iniciado una campaña muy afín a su ya recurrente asistencialismo, de premiar a los estudiantes que asistan puntualmente a este ilegítimo y risible evento en el aniversario 197 aniversario de “independencia”.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a movilizarnos en contra del gobierno de JOH, ya que el 15 de septiembre no representa un avance en la tan distante independencia política de Centroamérica; y que dicho sea de paso, es incontrastable con los actos corruptos que los partidos tradicionales efectúan en nuestras narices. ¡No hay nada que celebrar en este mes! ¡Celebraremos hasta que las repúblicas centroamericanas estén libres de corrupción, y al fin, unidas bajo el socialismo!

Por Horacio Villegas

Luego de las protestas que los estudiantes universitarios llevaran a cabo en contra al aumento a la tarifa del transporte, los estudiantes de educación media emprendieron, y hasta el momento siguen, en jornadas de protestas en las afueras de sus instituciones. Tanto los colegios técnicos, y entre otros colegios públicos en Tegucigalpa, como en San Pedro Sula, continúan luchando a la espera de sus peticiones.

Estas peticiones además de centrarse en bajar los impuestos a los combustibles, también incluye las mejoras de sus instalaciones educativas, una boleta estudiantil que equivale a un pase gratuito en el transporte, y un bono estudiantil mensual que reemplace al que se entrega anualmente. Los reclamos de los estudiantes responden a las precarias condiciones en las que se encuentran la mayoría de colegios públicos del país.

Los focos de protesta de los estudiantes de media

En San Pedro Sula se intensificó la jornada de los jóvenes estudiantes de colegios públicos, como el caso de los compañeros del Instituto José Trinidad Reyes, quienes el 10 agosto llevaron a cabo una movilización con rumbo al parque central de esta ciudad, con el fin de reclamar un bono estudiantil. Otros colegios se unieron a esta exigencia de los compañeros de educación media, como el Centro Técnico Hondureño Alemán, entre otros.

Mientras que, en Tegucigalpa, el Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (INTAE), sostuvieron una protesta el jueves 2 de agosto, enmarcados en la exigencia de suprimir el aumento a la tarifa del transporte. Ya que dicho aumento estaría atentando contra el poco presupuesto familiar que los estudiantes tienen a la hora de llegar a sus aulas de clase.

Tanto las jornadas de protesta de los estudiantes de media, que han estallado en San Pedro Sula, como las que continúan en Tegucigalpa, fueron aplacadas por las fuerzas represivas, quienes lanzaron indiscriminadamente bombas lacrimógenas a los compañeros combativos de colegios públicos.

El martes 21 de agosto la Secretaría de Educación anunció una serie de medidas arbitrarias y represivas para los compañeros que lideran las protestas contra el aumento de la tarifa de transporte, tales como sanciones civiles y penales. Las sanciones se extienden hasta los maestros de los compañeros, quienes son los llamados, según la Secretaria de Educación, a ser los verdugos que denunciarían a los estudiantes en protesta.

“…se ordena a los directores departamentales, municipales y distritales aplicar sanciones a los docentes. Una medida que se tomará porque se niegan a sancionar estudiantes que lideran las tomas y protestas” (El Tiempo Digital, 21 de agosto de 2018).

Unifiquemos luchas a favor de la eliminación del aumento al transporte

Juan Orlando anunció una reforma educativa el pasado 2 de agosto en San Pedro Sula, reforma planteada en medio de la represión a los compañeros que luchaban por las mejoras en sus instituciones; esto confirma las maniobras del dictador para ir apaciguando las luchas dispersas de los distintos sectores.

La dinámica de la lucha de los estudiantes de media, y la ausencia de los otros sectores sociales en apoyo a los compañeros, demuestra la victoria asestada por el gobierno al negociar con el sector transporte. Mientras no se unifiquen las luchas contra esta medida, que ya lleva un mes de haberse instalado a expensas de la lucha del sector transporte, no podrán arrancársele otras reformas urgentes a este gobierno.

Por Horacio Villegas

“Desde su nacimiento, los sistemas jurídicos nacionales, por lo general han pretendido regular la vida social de modo homogéneo, desconociendo el contexto multicultural y de pluralismo jurídico…”

Marco Aparicio, Los pueblos indígenas y el Estado

En Honduras la legislación nacional ha planteado desde sus inicios –tal como lo reza la cita puesta arriba–, poner en el centro de la vida nacional a un individuo homogéneo de raigambre criolla y mestiza, el ciudadano de tez blanca, a su vez gran propietario y comerciante adinerado. Los pueblos indígenas, en el transcurrir de la Colonia hasta mediados del siglo XX, fueron “inexistentes” y estuvieron a la sombra de leyes que aseguraron el crecimiento económico de nacionales y extranjeros.

Varios investigadores del país han dado cuenta de estas pretensiones elitistas de los gobiernos de turno de construir un estado nacional carente de uno de sus principales actores: los pueblos indígenas. Las sucesivas décadas del siglo XX vieron surgir la ya incontenible presencia de estos grupos, quienes irrumpieron en la capital exigiendo ser escuchados y visibilizados por el Estado hondureño.

Diferentes acuerdos y tratados internacionales fueron suscritos por el Estado de Honduras, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1995, el Protocolo de Nagoya en el 2012, entre otros. Aunque se ha tenido premura en la firma de estos acuerdos internacionales, la situación del país en materia de derechos indígenas ha sido diferente.

El Congreso Nacional aprobó el decreto 279-2010 que, entre otras cosas, le da carácter de urgencia a los megaproyectos energéticos como las hidroeléctricas estatales; ya la prueba de ello ha sido la finalización del proyecto hidroeléctrico Patuca III, que no fue socializado, tal como lo afirma, paradójicamente, un informe elaborado por el BID, entre las comunidades indígenas cercanas a dicho proyecto: los Tawahkas, Misquitos y Pech. La construcción de las represas que todavía faltan, Patuca IIA y II, sería una realidad mientras prevalezcan estos intereses gubernamentales que violan los convenios y normativas suscritas a nivel internacional.

El Instituto de Conservación Forestal (ICF), antes la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (Cohdefor), y lo que ahora se denomina Mi Ambiente, han entregado, sin tanta demora, las licencias ambientales que los empresarios inversionistas de los proyectos hidroeléctricos y mineros, solicitan para iniciar sus labores.

Dada la prisa con que se entregan las licencias ambientales a estas empresas, cabe suponer que las “indagaciones” elaboradas por estas instituciones responsables de la protección ambiental, son erráticas, y conducidas intencionadamente hacia dictámenes favorables para estos empresarios de la industria extractiva. No es extraño esto, ya que el gobierno nacionalista es afín, cuando no socio de dichas empresas. Gladis Aurora, ex presidenta del Partido Nacional, es socia de estos proyectos hidroeléctricos, así como otros funcionarios públicos.

¿Por qué un Anteproyecto de ley Marco de consulta libre, previa e informada, surgida del mismísimo gobierno nacionalista? Porque los proyectos extractivistas han tenido una férrea oposición desde las comunidades indígenas organizadas. Los empresarios de este rubro extractivo, han hecho lo imposible por iniciar estos proyectos, pero se han encontrado con que las socializaciones y consultas han resultado en un total apego de las comunidades a la protección de sus ríos y territorios. Bajo este contexto no han podido iniciar sus tan rentables negocios a costa de la destrucción de los bienes comunes.

La UNAH: un espacio de ciertos académicos despolitizados y otra institución plegada a lo gubernamental

Recientemente, el jueves 16 de agosto, en un evento programado por la Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (Dinafroh) y el área de Vinculación Universidad-Sociedad, se dio a conocer un panel sobre la ley de consultas que el gobierno a través de sus instituciones, quiere implementar. En dicho evento estuvieron pocos académicos de la antropología y otras áreas del conocimiento, además de pocos estudiantes, pues era un viernes, donde las actividades de la universidad son mínimas.

Las intervenciones iniciales clarificaron el tema indígena en el presente siglo; se explicaron una suerte de descripciones propias de la academia: elaboraciones teóricas y metodológicas, y uno que otra situación anecdótica en el trabajo de campo. Los razonamientos allí expuestos, por sí mismos –especialmente el argumento dicho por el primer expositor: “cada visión de comunidad es diferente”– hubieran desmantelado, si el propósito hubiera sido ese, las pretensiones que tenían los siguientes expositores, de imponer y a su vez “explicar”, el criterio de un protocolo único de consulta para los pueblos indígenas. Ni al final, ni durante la primera ponencia del evento, escuchamos una tan sola reprimenda hacia estas nefastas políticas de los nacionalistas sobre el tema de la consulta.  

Fuera de las abstracciones, que nadie puede negar que sean de esencial utilidad, existe la política en su forma más descarnada posible. La política real que ha existido en este país desde sus momentos fundacionales, es la que no le ha concedido ni un tan solo ápice de realización a los proyectos de varios intelectuales hondureños. Así de arbitraria ha sido la política empleada por los sectores más recalcitrantes. Y mientras gobiernen los partidos tradicionales, creemos, todavía no tendrá cabida el reclamo de los ya pasados y nuevos jóvenes académicos del país. Mientras sea posible, creemos, habrá que desmantelar en público los proyectos dañinos y además risibles del partido de gobierno.

¿Por qué las distintas direcciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), como la de Vinculación universidad-sociedad, favorecen y ponen en un primer plano los eventos de las organizaciones indígenas gubernamentales, y ni siquiera toman en cuenta los eventos de las otras organizaciones indígenas que luchan también por sus legítimos derechos, como OFRANEH y COPIHN, entre otras? Para los que creen todavía en la aparente neutralidad de esta institución, y con ello el cuento de que la Universidad con su IV reforma ya abandonó su matiz político partidario, pues se equivocan. La universidad se encuentra hoy más que nunca, plegada a los planes del partido de gobierno. En estos pequeños gestos, de abrir sin remilgos los recintos universitarios a los diplomáticos y burócratas cachurecos, y de no difundir estos eventos como se debe, vuelve evidentes sus preferencias al lado del continuista partido nacional.

Por Horacio Villegas

Los últimos acontecimientos en la política nacional –que han dejado en estado expectante a los hondureños– se inscriben en los ya recurrentes y numerosos casos de corrupción en el país. En tan solo dos meses se han sucedido, uno a uno, escándalos de corrupción perpetrados como es ya sabido, por los altos funcionarios públicos que son denominados algunos de ellos todavía, en este siglo, como los “honorables” padres de la patria o los “correctos” dirigentes de las instituciones, que a la vista de todos, ya son fallidas.

El Caso Pandora o el espectáculo de la impunidad

El caso pandora consistió en ciertas investigaciones sobre lavado de activos que la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción e Impunidad del Ministerio Público (UFECIC-MP), en conjunto con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), llevaron a cabo en contra de varios funcionarios públicos entre ellos los reconocidos diputados de las dos bancadas de los partidos tradicionales: el Partido Liberal y el Partido Nacional.

“Según las pesquisas, la SAG [Secretaria de Agricultura y Ganadería] suscribió convenios por L282 millones con las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista para que los destinaran a proyectos de capacitación a productores. Pero las entidades sin fines de lucro desviaron esos recursos para pagar gastos personales, erogaciones suntuarias y hasta financiamiento de campañas políticas” (La Prensa, 24 de julio de 2018).

Con el dinero que fue drenado de estas dos fundaciones, los liberales pagaron varias deudas de su institución política; mientras que los nacionalistas lo utilizaron para medidas asistencialistas y campañas electoras, con lo que surgió la sonada tarjeta “la cachureca”. Las caras más visibles en este escandaloso caso de corrupción fueron las de Elvin Santos, ex candidato presidencial del Partido Liberal; y Celín Discua del Partido Nacional, que ha sido diputado de esta bancada desde hace mucho tiempo. En total fueron 20 personas las que fueron retenidas a la espera de las audiencias correspondientes.

Los nacionalistas han consolidado una sofisticada captación de las instituciones públicas del país; el diseño liberal de máxima representación política en una nación, los tres poderes del Estado, “independientes”, han sido puestos en una perfecta alineación con el partido de gobierno durante estos 8 años de legislación cachureca. Todas las respuestas del poder judicial entorno a los casos de corrupción estarían parcializadas mientras exista esta fuerte dependencia al partido de gobierno.

En este contexto, los procedimientos legales a los que han llegado la UFECIC-MP y la MACCIH en el caso Pandora, han quedado en la total impunidad, pues los jueces representantes del poder judicial han desestimado las penas fuertes en este caso; especialmente la jueza Lidia Álvarez Sagastume, quien ha dado medidas distintas a la prisión a 24 de los 38 personajes implicados en el caso Pandora.

“Álvarez Sagastume, otorgó medidas distintas a la presión a 24 imputados, a quienes les cambió el delito de lavado de activos por encubrimiento, que tiene una pena máxima de 5 años y que se puede permutar pagando 10 lempiras diarios para no ir a prisión” (Criterio.hn, 12 de agosto de 2018).

Más casos de corrupción y el papel de Estados Unidos

La misma Corte Suprema de Justicia (CSJ), demostró su fidelidad al Partido Nacional admitiendo a comienzos del presente mes, un recurso a favor del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva. Precisamente para que la UFECIC no pueda investigar sus movidas y negocios seguramente plagados de actos de corrupción.

Lo anterior demuestra el blindaje que tienen estos funcionarios corruptos, principalmente del partido de gobierno. Aparentemente Estados Unidos está contribuyendo a sanear los países del Triángulo Norte; aunque por un lado existe un discurso ambivalente de este país históricamente intervencionista, dada la aceptación de Juan Orlando Hernández como presidente de Honduras en las fraudulentas elecciones pasadas, y por otro lado la ayuda inexcusable para derribar a los corruptos de los países centroamericanos, y en nuestro caso a los más cercanos a la administración de Juan Orlando, incluyéndolo también en las investigaciones, precisamente por los casos de financiamiento de campañas electorales con el dinero sustraído del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

“Las dos cámaras que forman el Congreso de Estado Unidos acordaron la aprobación el miércoles 26 de julio en Washington de una ley que obligará al Secretario de Estado a informar al Congreso la identidad de los funcionarios de los países del Triángulo Norte involucrados en corrupción y tráfico de drogas” (InSight Crime, 27 de julio de 2018).

No es cierto que Estados Unidos nos librará del enorme problema que significa la corrupción en nuestro país; si bien es cierto han desplegado una serie de procesos investigativos en esta materia, su papel histórico como país imperialista y lleno de intereses geopolíticos en la región, no lo dejarán bien parado ante los que somos conscientes de su nefasta presencia en toda Latinoamérica. Una lucha sistemática contra el ilegítimo gobierno de los nacionalistas, y los demás corruptos enquistados en los partidos tradicionales e instituciones estatales, nos llevará indefectiblemente a la justicia y a la exigencia de transparencia en todos los ámbitos de la política nacional.